La disputa entre Panamá y la empresa española Codere elevó la tensión en uno de los mercados de entretenimiento más importantes de Centroamérica. La compañía notificó el inicio de un proceso de arbitraje internacional al considerar que las autoridades panameñas permitieron la operación irregular de salas de juego competidoras, una situación que, asegura, afectó el valor de su inversión en el país.
El conflicto coloca nuevamente a Panamá bajo el escrutinio de inversionistas extranjeros. Además, reabre el debate sobre la importancia de ofrecer reglas claras y seguridad jurídica para atraer capital internacional, especialmente en sectores altamente regulados como el de los juegos de azar.
Arbitraje internacional pone a prueba la inversión en Panamá
La reclamación fue presentada por Codere América bajo el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá. La empresa sostiene que la Junta de Control de Juegos actuó de forma arbitraria al permitir la operación de salas con máquinas tragamonedas que, según su interpretación, no cumplen con el marco legal vigente.
Asimismo, Codere argumenta que las autoridades no hicieron cumplir una resolución de la Corte Suprema panameña relacionada con estos establecimientos. Como consecuencia, considera que la competencia en el mercado dejó de desarrollarse en igualdad de condiciones y perjudicó activos como Crown Casinos y el Hipódromo Presidente Remón.
También representa un caso relevante para empresas que observan a Panamá como plataforma regional de negocios. La certeza regulatoria continúa siendo uno de los factores más valorados para decidir nuevas inversiones en América Latina.
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